(Caracas) Distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, se reunieron ayer para condenar la persecución política en contra de Manuel Rosales, así lo informó Delsa Solórzano, coordinadora de DDHH del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). Expresó que al alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, se le están violando "muchos derechos establecidos en los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país, además de todo lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de protección de derechos humanos". Indicó que el partido UNT, está a la espera de que se fije una audiencia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para hablar sobre el caso de Manuel Rosales. "Cuando comenzó el proceso contra Manuel Rosales, en el año 2006, denunciamos ante la Comisión de la CIDH y el caso estaba bastante adelantado, pero ahora vamos acudir a la propia Corte Interamericana por las violaciones que se están cometiendo en estos momentos contra el líder de UNT", acotó.
Aseguró que el Gobierno nacional utiliza la justicia "para extinguir, para acabar a quienes pensamos distinto". "Utiliza la justicia para perseguirnos en vez de utilizar jueces y fiscales para cumplir con sus funciones que no son otras sino juzgar a delincuentes, juzgar a los ciudadanos que todo los días salen a la calle y amenazan nuestra libertad, nuestra vida, que deja a miles de madres sin sus hijos a manos del hampa", dijo Solórzano en rueda de prensa desde la sede del partido UNT. Explicó que la situación del líder de UNT, es grave "porque el oficialismo, en medio de declaraciones, pretende juzgarlo por delito común, igual que ocurrió con Nixon Moreno, igual que está ocurriendo con los 8 funcionarios de la Policía Metropolitana y los comisarios Vivas, Forero y Simonovis".
Destacó que la orden de meter preso al alcalde de Maracaibo, "la emitió el presidente Chávez cuando dijo que se colocaba a la cabeza de la operación vamos a meter preso a Rosales, como si fuera el jefe del Poder Judicial, como si en Venezuela no existiera división de poderes". "El Poder Ejecutivo se está inmiscuyendo en las actuaciones del Poder Judicial, evidenciando así que en Venezuela, al no existir separación clara de los poderes, tampoco existe democracia ni estado de derecho", insistió la activista de los DDHH. Aseveró que el Gobierno está convirtiendo a Venezuela, "en un Estado forajido en materia de protección de los derechos humanos". "La sentencia de la CIDH que obliga al Estado venezolano a proteger a los trabajadores de la comunicación y dar conclusión a los juicios que están abiertos para determinar los responsables de agresiones físicas y psicológicas en contra de periodistas que simplemente cumplen con su función de informar, está siendo violada por el Gobierno", resaltó.
La coordinadora de los DDHH del partido UNT, hizo un llamado al pueblo venezolano a "estar alerta de la situación y a seguir luchando", porque el Gobierno, con todas las acciones en contra de la disidencia política, "quiere extinguir la democracia". "Con los 26 decretos leyes, con la creación de la Corporación Venezolana de Servicios en manos de Diosdado Cabello, probablemente pronto veremos cómo los transportistas van a ser privados de sus unidades -así como sucedió con el mercado viejo de Chacao- y todo aquello que de alguna manera preste un servicio público, pase a manos del Estado, con ello se extingue definitivamente la democracia y el estado de derecho en este país", finalizó.
Publicado originalmente en: www.diariolanacion.com.ve
Fecha: 30/03/2009
